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Publicado: 11 de junio de 2018

 

La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre el régimen jurídico de la Diputación Foral de su Administración y de sus entes públicos, garantizando el tratamiento igualitario de los administrados ante las Administraciones Públicas. Teniendo como precedente normativo la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el Gobierno de Navarra aprueba la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en la que se modela la transparencia como un valor que debe presidir toda la actividad y organización de los sujetos obligados y como un referente para que las Administraciones Públicas de Navarra promuevan medidas de gobierno abierto que hagan efectiva la participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos de interés general...

 

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Publicado: 4 de junio de 2018

 

El Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el que se estableció un marco común para todo el sector público regional en aspectos de la contratación pública, requiere de una adaptación a las exigencias organizativas que en el ámbito electrónico determina la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con este fin, Castilla-La Mancha dicta el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional...

 

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Publicado: 28 de mayo de 2018

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), recoge algunos cambios relativos a los órganos consultivos y asesores en materia de contratación pública, novedades en materia de contratación centralizada, y la obligación de crear un registro unificado de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público...

 

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Publicado: 21 de mayo de 2018

 

Mediante la Resolución de 21 de marzo de 2018, el presidente del TACGAL establece los modelos normalizados que sirven de medio para facilitar a las partes la presentación electrónica de los escritos necesarios en la tramitación de cualquiera de los procedimientos de impugnación que se formulen ante este Tribunal. Los formularios, disponibles desde el 2 de abril de 2018, están accesibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal y en la web de la sede del Tribunal y podrán ser modificados con objeto de adaptarlos y actualizarlos a la normativa vigente...

 

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Publicado: 14 de mayo de 2018

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 contiene la obligación de que se incorporen al procedimiento de contratación, de forma transversal, las cláusulas de responsabilidad social...

 

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Publicado: 07 de mayo de 2018

 

La acreditación de la solvencia económica, técnica o profesional de los candidatos o licitadores en el marco de un procedimiento de contratación es requisito necesario para contratar con el sector público. En este sentido, los poderes adjudicadores tienen un amplio margen a la hora de determinar los medios de acreditación admitidos en cada caso.

 

Así, el Acuerdo 1/2018 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público viene a pronunciarse, precisamente, sobre diversas cuestiones relativas a la necesidad de justificar la solvencia que incumbe a los licitadores...

 

 

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Publicado: 30 de abril de 2018

 

La Contratación Pública socialmente responsable es hoy algo más que un propósito, pues se trata de una exigencia y de una realidad, debiendo el Sector Público discernir el adecuado encaje de estos criterios en los procedimientos de contratación. En este sentido, la Comisión Interministerial se convierte en un instrumento para generar parámetros que sirvan a clarificar la incorporación de cláusulas sociales en cada una de las fases del procedimiento de licitación, salvaguardando siempre la debida vinculación de estas al objeto del contrato...

 

 

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