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Nota informativa sobre la proposición de ley de medidas para promover la transparencia en la contratación pública.

«Que la política de contratación pública contribuya al reequilibrio de las finanzas públicas y a la reducción del déficit»

Apropiado resulta, cuanto menos, este eslogan de cara a dar una introducción sucinta a los motivos que alimentan la adopción de la Proposición de Ley a que nos referimos y es que este es el objetivo finalista de una Proposición que pretende dar impulso a la plasmación real de las medidas referidas a la Decisión del Consejo relativa a la reducción del déficit público, de 2 de agosto de 2016 y a la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, en lo que a las medidas en materia de transparencia corresponde.

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve que un órgano de contratación no puede en fase de adjudicación, adjudicar un lote con varias presentaciones prefijado en los pliegos, a dos licitadores, ya que con ello, ex novo, se establecería en fase de adjudicación un nuevo lote, vulnerando por ello los principios de transparencia e igualdad.

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La Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana ha promulgado la Guía referida a fin de elaborar un documento, a disposición de los responsables de la contratación pública y del otorgamiento de subvenciones en la Comunidad Autónoma, que opere como instrumento ejemplificativo y de ordenación que sirva a la implementación de la responsabilidad social de la administración valenciana.

En atención a la materia que es objeto de nuestro interés, nos vamos a centrar en las contemplaciones que se refieren a la contratación pública y a la inclusión de cláusulas sociales en la misma a fin de dar cabida práctica a la llamada contratación pública socialmente responsable.

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Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón .

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en línea con la jurisprudencia ya fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, admite la inclusión de cláusulas de responsabilidad social corporativa en los procedimientos de contratación cuando las mismas encuentran vinculación con la mejor calidad en la prestación objeto del contrato y no se distorsione indebidamente la competencia, garantizándose una mejor eficiencia social que preserva las exigencias constitucionales de políticas sociales activas.

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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY 6/2016 POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGLAMENTO MARCO DE ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE HOSPITALES, ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OTRAS GESTIONADAS POR EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

El 29 de agosto de 2016 se dictó el presente Proyecto de Ley al fin de legislar el citado rediseño en un marco caracterizado por la buena gestión pública y en base a la premisa de dotar al sistema madrileño de salud de una adecuada instrumentación normativa «que contemple los diferentes instrumentos organizativos y de gestión de los centros, que haga posible una mayor profesionalización de la función directiva de dichos centros»

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Los criterios de adjudicación deben referirse al objeto del contrato.

El Tribunal recuerda que constituye doctrina unánime de los Tribunales Administrativos que los criterios de adjudicación deben referirse a las características de la oferta y no a las características del licitador: “Las certificaciones de calidad de la empresa no pueden ser nunca criterios de adjudicación, puesto que constituyen características subjetivas del empresario licitador”.

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Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, número 1499/2016. Síntesis.

En la síntesis que va a ser presentada en este informe se analizará la cuestión primaria que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo de referencia, así, nos detendremos en la cuestión de la legitimidad que se pone de manifiesto en la misma que, en sede casacional, revoca la Sentencia de instancia que viniera en admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FENIN en impugnación de la Orden de 4 de noviembre de 2010 por la que se fijan las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y se revisan los precios de los conciertos vigentes.

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