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La Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana ha promulgado la Guía referida a fin de elaborar un documento, a disposición de los responsables de la contratación pública y del otorgamiento de subvenciones en la Comunidad Autónoma, que opere como instrumento ejemplificativo y de ordenación que sirva a la implementación de la responsabilidad social de la administración valenciana.

En atención a la materia que es objeto de nuestro interés, nos vamos a centrar en las contemplaciones que se refieren a la contratación pública y a la inclusión de cláusulas sociales en la misma a fin de dar cabida práctica a la llamada contratación pública socialmente responsable.

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Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón .

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en línea con la jurisprudencia ya fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, admite la inclusión de cláusulas de responsabilidad social corporativa en los procedimientos de contratación cuando las mismas encuentran vinculación con la mejor calidad en la prestación objeto del contrato y no se distorsione indebidamente la competencia, garantizándose una mejor eficiencia social que preserva las exigencias constitucionales de políticas sociales activas.

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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE LEY 6/2016 POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGLAMENTO MARCO DE ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE HOSPITALES, ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OTRAS GESTIONADAS POR EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

El 29 de agosto de 2016 se dictó el presente Proyecto de Ley al fin de legislar el citado rediseño en un marco caracterizado por la buena gestión pública y en base a la premisa de dotar al sistema madrileño de salud de una adecuada instrumentación normativa «que contemple los diferentes instrumentos organizativos y de gestión de los centros, que haga posible una mayor profesionalización de la función directiva de dichos centros»

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Los criterios de adjudicación deben referirse al objeto del contrato.

El Tribunal recuerda que constituye doctrina unánime de los Tribunales Administrativos que los criterios de adjudicación deben referirse a las características de la oferta y no a las características del licitador: “Las certificaciones de calidad de la empresa no pueden ser nunca criterios de adjudicación, puesto que constituyen características subjetivas del empresario licitador”.

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Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, número 1499/2016. Síntesis.

En la síntesis que va a ser presentada en este informe se analizará la cuestión primaria que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo de referencia, así, nos detendremos en la cuestión de la legitimidad que se pone de manifiesto en la misma que, en sede casacional, revoca la Sentencia de instancia que viniera en admitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por FENIN en impugnación de la Orden de 4 de noviembre de 2010 por la que se fijan las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y se revisan los precios de los conciertos vigentes.

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Informe sobre el decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de Euskadi.

El Decreto 116/2016 consta de cinco Títulos, en los que se pone de manifiesto la aspiración de alcanzar objetivos como la descentralización en la contratación pública, la flexibilización a la hora de conformar las Mesas de Contratación y demás órganos encargados de valorar las ofertas, y la inclusión de nuevas aspiraciones como el fomento del papel de las PYMEs en el mundo de la contratación pública, o del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos. Completan el texto normativo una extensa regulación de los Registros Oficiales en materia de contratación pública, y un desarrollo legislativo profuso en relación a las atribuciones competenciales de órganos como el Consejo de Gobierno y la Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi, o la previsión de obligaciones en materia de publicidad que se plasman en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

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Informe sobre acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, adopción de tipo y catálogos electrónicos. Análisis de los procedimientos a la luz de la sentencia del TJUE en el asunto C-410/14.

En la contratación pública la búsqueda de un marco de confianza en la ejecución de obras, suministros o prestación de servicios se traslada a un escenario que abarca el dibujado por las instituciones de Derecho de la Unión Europea. En ese contexto es esencial la interpretación que de las normas realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ayudando a fijar criterios unificadores en materias tan importantes como la contratación pública sanitaria y es aquí donde nos vamos a detener, abordando un análisis transversal que nos mostrará como las dicciones interpretativas del TJUE han de ser debidamente analizadas, promoviendo el principio de interpretación conforme, en este caso, en relación a la clarificación de la naturaleza de los procedimientos de racionalización de la contratación pública.

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