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En el siguiente Informe se analizará la intervención que el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, la Junta Consultiva de Contratación administrativa y el Registro de licitadores tienen en el proceso de compra pública.

El análisis se desarrollará sobre las siguientes premisas:

a) Legislación aplicable en cada caso concreto.

b) Definición.

c) Funciones.

d) Composición.

e) Territorialidad.

Terminaremos el análisis con un ejemplo que nos permita representar de forma práctica las actuaciones de cada uno de estos organismos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucíarecuerda en esta resolución que la exclusión de un licitador ha de comunicarse por medios adecuados y suficientes de modo que la comunicación verbal de la exclusión en el acto de apertura no exime al órgano de contratación de notificar por escrito al licitador excluido. Precisamente esta notificación constituirá el acto objeto de recurso.

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De acuerdo con los datos de la UE, los procedimientos electrónicos de compra tan solo suponen un 5 o en un 10% de los convocados en los países europeos. Por ese motivo, en el actual proceso de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público se propone como objetivo hacer de la contratación pública electrónica la regla general en los procesos de selección de los contratistas por los órganos del sector público para mediados del año 2016.

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Compra centralizada de medicamentos. Visión genérica por Comunidad Autónoma.

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Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la junta de Andalucía. Resolución nº 388/2015. Recurso Especial en materia de contratación contra la Resolución, de 23 de julio de 2015, del Director General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud por la que se adjudica el «Acuerdo Marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, Subcategoría SU.PC.FARM del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud», Expediente A.M. 4001/13.

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El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco considera vulnerados estos principios una vez que el órgano de contratación ha modificado los criterios de adjudicación del contrato definidos en los Pliegos mediante la introducción posterior de elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir su preparación. 

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