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El presente informe tiene como objetivo dar una visión informadora y analista en relación a las alegaciones de los distintos interesados en el trámite de información pública en la tramitación del aun Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, norma que personifica la transposición al ordenamiento jurídico español de dos de las tres Directivas publicadas el 28 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea: la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

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El TARC de la Comunidad de Madrid hace hincapié en el hecho de que en el informe del recurso elaborado por el órgano de contratación no sólo no se justifica la inexistencia de trato discriminatorio, sino que parece que se avala abiertamente el mismo, por entender que uno de los productos es preferible sobre el otro, sin hacer ninguna referencia a la equivalencia o no de funcionalidad entre ambos. 

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La Ley de Transparencia tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública; regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. La transparencia implica la obligación de hacer pública, como mínimo, la información relativa a, entre otros actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, los correspondientes a los contratos públicos..

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El TACRC recuerda que la solicitud de aclaraciones a los licitadores sobre el contenido de las ofertas deriva directamente de los principios de buena administración y proporcionalidad y tiene como límite que no puede suponer una modificación de los términos de la oferta.

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Tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, es obligatorio que las proposiciones indiquen en partida independiente el importe correspondiente al IVA. Como consecuencia de los problemas que esta exigencia puede generar, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, ha dictado su Informe 3/2009 de 10 de junio en el que se plantea lo siguiente:

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MASTER - TeSera de HoSpitalidad y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) han confeccionado un programa máster en el ámbito de la Contratación Pública Sanitaria y Compliance.

 

Su objetivo es constituir un foro de opinión independiente y una incubadora de innovación de la planificación y gestión de la compra pública sanitaria, como punto de encuentro para los diferentes agentes presentes en el sector: planificadores, gestores e industria. Su diseño permite dar respuesta a las necesidades de los profesionales de la administración sanitaria y de las compañías que comercializan medicamentos y productos sanitarios, cuya responsabilidad se centra en los procesos de compra pública en el ámbito sanitario.

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El TARCJA recuerda que el hecho de que se haya negado el acceso a las actas de la mesa de contratación no constituye una vulneración del principio de transparencia si la información contenida en las mismas ya era conocida por la empresa una vez que había asistido a los actos de apertura. En estas condiciones esta irregularidad no anula el procedimiento.
 

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