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Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la junta de Andalucía. Resolución nº 388/2015. Recurso Especial en materia de contratación contra la Resolución, de 23 de julio de 2015, del Director General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud por la que se adjudica el «Acuerdo Marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, Subcategoría SU.PC.FARM del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud», Expediente A.M. 4001/13.

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El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco considera vulnerados estos principios una vez que el órgano de contratación ha modificado los criterios de adjudicación del contrato definidos en los Pliegos mediante la introducción posterior de elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir su preparación. 

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El presente informe tiene como objetivo dar una visión informadora y analista en relación a las alegaciones de los distintos interesados en el trámite de información pública en la tramitación del aun Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, norma que personifica la transposición al ordenamiento jurídico español de dos de las tres Directivas publicadas el 28 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Unión Europea: la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

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El TARC de la Comunidad de Madrid hace hincapié en el hecho de que en el informe del recurso elaborado por el órgano de contratación no sólo no se justifica la inexistencia de trato discriminatorio, sino que parece que se avala abiertamente el mismo, por entender que uno de los productos es preferible sobre el otro, sin hacer ninguna referencia a la equivalencia o no de funcionalidad entre ambos. 

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La Ley de Transparencia tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública; regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. La transparencia implica la obligación de hacer pública, como mínimo, la información relativa a, entre otros actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, los correspondientes a los contratos públicos..

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El TACRC recuerda que la solicitud de aclaraciones a los licitadores sobre el contenido de las ofertas deriva directamente de los principios de buena administración y proporcionalidad y tiene como límite que no puede suponer una modificación de los términos de la oferta.

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Tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, es obligatorio que las proposiciones indiquen en partida independiente el importe correspondiente al IVA. Como consecuencia de los problemas que esta exigencia puede generar, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, ha dictado su Informe 3/2009 de 10 de junio en el que se plantea lo siguiente:

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