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Publicado: 19 de marzo de 2018

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se hace eco de la obligación de incorporar criterios de responsabilidad social corporativa que operen como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución en el marco de los procedimientos de contratación pública.

 

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